En 2026, la inversión en América Latina estará marcada por una combinación de reformas legales, incertidumbre política y tensiones geopolíticas que reconfiguran el mapa de riesgos para empresas e inversionistas. Desde la transformación del sistema de justicia en México y el retorno a la bicameralidad en Perú, hasta la presión fiscal en Centroamérica y la disputa por recursos estratégicos como el agua, el cobre y el petróleo, como deja ver la coyuntura en Venezuela, la región ingresa a un ciclo donde la seguridad jurídica y la capacidad de anticipación regulatoria serán determinantes para la toma de decisiones.

En este escenario, la volatilidad ya no reside en la permanencia de la norma, sino en la capacidad de las estructuras legales para mitigar riesgos sistémicos. La viabilidad de las inversiones depende ahora de la solidez técnica para operar en una región que cambia de forma constante sus reglas de juego en tiempo real.

Intervención en Venezuela y sus efectos regionales

Colombia inicia el 2026 bajo la influencia de factores internos y externos que alteran las proyecciones de inversión. Natalia García, socia de M&A de Pérez-Llorca Colombia, señala que la incertidumbre por las elecciones presidenciales y del Congreso se suma a las medidas tributarias derivadas del Estado de Emergencia de 2025 (Decreto 1390). El incremento del salario mínimo legal en un 23% y la política de intervención de Estados Unidos en Venezuela reconfiguran el escenario regional.

“Las empresas ya no solo deberán enfocarse en poner la casa en orden, optimizar procesos y controlar costos, hacer mayor seguimiento a los indicadores de productividad y rentabilidad, e incorporar la tecnología para navegar un entorno complejo, sino que será necesario rediseñar las actividades del talento para enfocarlas en las que generen mayor valor y revisar la estructura de compensación total. Somos un país resiliente por naturaleza, y en los últimos años los empresarios han sabido adaptarse a las dificultades y ajustarse al cambio”, explica García.

En esta misma línea, Felipe Mariño, socio de Corporate M&A de Cuatrecasas Colombia, afirma que el desafío central para las empresas colombianas será la incertidumbre sobre la coyuntura en Venezuela, que afecta tanto en temas sociales como en la volatilidad del dólar y de commodities como el petróleo.

“Desde el punto de vista legal, el mayor desafío que tendrán las empresas será sin duda la incertidumbre jurídica, no solo por los temas que aún están pendientes de decisión por parte de la Corte Constitucional, como son la reforma pensional, el reciente decreto de emergencia económica y los decretos relacionados con nuevos impuestos, sino por otras medidas que puedan ser impulsadas por el gobierno actual durante la primera mitad del año”, añade el especialista.

Esta misma incertidumbre se extiende a las fronteras peruanas. Guillermo Torrejón, asociado senior y jefe de Derecho Administrativo y Regulatorio de la firma Benites, Vargas y Ugaz, advierte que eventos como la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, introducen dudas en el sector privado. Según el abogado, una transformación drástica en la situación de Venezuela posee el potencial de alterar los vínculos de diplomacia y las dinámicas de comercio en el continente.

“Un cambio abrupto en Venezuela podría repercutir en el Perú alterando las relaciones diplomáticas y comerciales en la región. Para el sector empresarial, esto se traduce en la necesidad de monitorear de cerca posibles fluctuaciones en sus mercados de exportación e importación, variaciones en el precio o la disponibilidad de insumos clave (por ejemplo, energéticos si se reconfigura el mercado petrolero), así como cambios en la mano de obra disponible”, argumenta.

Para el especialista, el 2026 exigirá a las compañías reforzar sus mecanismos de cumplimiento regulatorio y planificación estratégica para adaptarse a una región en transición.

México: reforma judicial y revisión del T-MEC

En México, el sistema de justicia atraviesa una fase de asimilación tras la reforma de 2024. Eduardo Pizarro, socio de SMPS Legal, enfatiza que la elección popular de jueces, magistrados y ministros, junto con modificaciones en su estructura, compromete la independencia judicial y el Estado de derecho.

“Persistirán las consecuencias negativas de la reforma judicial de 2024. Estas medidas han propiciado la desprofesionalización de los juzgados, comprometiendo la independencia judicial y el Estado de derecho. A su vez, reformas recientes en materia laboral (como la reducción progresiva de la jornada a 40 horas semanales) y regulatoria (en energía, telecomunicaciones y comercio exterior) elevarán los costos operativos, erosionarán la competitividad empresarial y generarán incertidumbre para los inversionistas», dijo.

Adicionalmente, Pizarro enfatiza que las empresas de origen nacional y extranjero enfrentan obstáculos de consideración en sus flujos de trabajo diarios. Estos problemas se originan en las reformas legales y en la expectativa por la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Si bien la ubicación del país ofrece ventajas de posición para la captación de inversiones, el experto señala la existencia de interrogantes sobre la aptitud de la administración pública para proveer el soporte necesario.

“Persisten dudas sobre la capacidad del Gobierno mexicano para desarrollar la infraestructura y las condiciones de seguridad necesarias para la atracción de capitales y la materialización del Plan México impulsado por la presidenta Sheinbaum”, detalla.

Perú: retorno de la bicameralidad y ciclo electoral

Perú enfrenta este 2026 el regreso a la bicameralidad tras 30 años y un nuevo ciclo electoral, una coyuntura doble que obliga a los inversionistas a monitorizar de cerca la formación de mayorías y a navegar en un tablero político en plena transformación. El abogado Torrejón explica que este cambio exigirá mayores consensos para la aprobación de normas legales.

“En el plano nacional, 2026 es un año electoral, y aunque las encuestas más recientes sitúan a candidatos de derecha y centro-derecha como los principales favoritos, aún es demasiado temprano para anticipar con certeza el desenlace –cerca del 40% del electorado todavía no sabe por quién votará. Esta incertidumbre sobre el rumbo político supone posibles modificaciones en políticas públicas, regulaciones y prioridades económicas”, explica.

Frente a la restauración del sistema de dos cámaras, el especialista de Benites, Vargas y Ugaz recomienda a las empresas desarrollar capacidades de adaptación frente a las variaciones en la normativa, mientras aseguran la permanencia de sus actividades bajo la legalidad.

“La transición política exigirá a las empresas ser cautelosas y flexibles, pues podrían enfrentar variaciones en las reglas del juego y un reforzamiento de la supervisión estatal, especialmente considerando que tras escándalos de corrupción pasados existe una mayor sensibilidad hacia el cumplimiento normativo y la transparencia”, precisa.

En este escenario, la capacidad de las compañías para anticipar cambios normativos y gestionar la incertidumbre política será un factor determinante para capturar oportunidades en sectores clave, independientemente del desenlace en las urnas.

Desafíos en el mercado de M&A de América Latina

En el ámbito de fusiones y adquisiciones (M&A), Perú atraviesa una fase de cautela motivada por los ciclos de poder. Oscar Trelles, socio director de Cuatrecasas Perú, anticipa una desaceleración en el volumen de M&A debido a las próximas elecciones presidenciales y municipales que se realizarán en el mes de abril y octubre de 2026, respectivamente.

“Si bien se espera que candidatos promercado resulten ganadores, el riesgo e incertidumbre del proceso electoral típicamente ralentiza las operaciones hasta que el panorama se aclara. Por tanto, ello podría llevar a que la primera parte del año sea cauta en términos de transacciones. Como es evidente, si un candidato anti-mercado ganase las elecciones presidenciales, como ocurrió en el 2021, el efecto en el mercado podría ser muy negativo”, opina.

No obstante, Trelles matiza que la minería, la infraestructura y la agroindustria mantienen su rol como motores del sector. Este dinamismo responde a la transición energética, que impulsa el precio de commodities como el cobre, a las oportunidades por cerrar brechas en infraestructura y al posicionamiento de los productos agrícolas peruanos en nuevos mercados internacionales.

“Sin embargo, otro riesgo relevante es que, si la economía mundial se resintiera y ello llevase a reducciones en los precios de los commodities, podría haber un importante efecto negativo en el mercado de M&A”, sostiene Trelles.

El socio de Cuatrecasas añade que ante un evento grave en la situación geopolítica global podría generar un efecto contagio, desplazando los capitales internacionales hacia economías desarrolladas, afectando a mercados como el peruano.

Centroamérica y el Caribe: presión fiscal y cumplimiento

La región centroamericana también experimenta una serie de desafíos como la gestión del riesgo regulatorio y de cumplimiento en un entorno normativo cada vez más complejo y dinámico. Antonio Ruiz, socio director de Impuestos & Legal de EY Law Centroamérica, Panamá y República Dominicana, en representación de la firma en Costa Rica, afirma que las compañías deberán adaptarse a cambios regulatorios continuos en materia tributaria, laboral, ambiental y de cumplimiento corporativo, en un contexto de mayor fiscalización por parte de las Administraciones Tributarias.

También resalta la tendencia hacia el fortalecimiento de la transparencia, la trazabilidad de operaciones y la alineación con estándares internacionales (OCDE, BEPS, etc), que incrementará las obligaciones formales y sustantivas para las empresas.

“Finalmente, la seguridad jurídica se verá tensionada por la interpretación administrativa cambiante, la judicialización de controversias y la lentitud de los procesos, lo que obliga a las empresas a reforzar sus estrategias de prevención legal, estructuración contractual y gestión de riesgos, más allá de un enfoque meramente reactivo. El reto central será anticiparse y adaptarse a un entorno regulatorio más exigente, donde el cumplimiento normativo, la planificación legal y la gestión de riesgos serán factores críticos para la sostenibilidad y competitividad empresarial en 2026”, sugiere.

En Honduras, Norma Barahona, Gerente Senior de Impuestos de EY Law Honduras, advierte que el cambio de gobierno implica una curva de aprendizaje en entidades como el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Secretaría de Desarrollo Económico.

“Las compañías podrían enfrentar modificaciones en criterios administrativos y fiscales, lo que generaría incertidumbre jurídica, así como una intensificación de las auditorías fiscales para cumplir metas de recaudación, sobre todo en este primer año de gobierno. Las compañías necesitarán tener una planeación fiscal defensiva que les permita anticipar posibles cambios y evitar contingencias que generen costos fiscales adicionales”, señala Barahona.

Por otro lado, en República Dominicana el déficit fiscal cercano al 3% del PIB sitúa a la reforma tributaria en el centro de la agenda. Yakaira Pérez, socia de Impuestos de EY Law República Dominicana, explica que el Estado gasta más de lo que ingresa, lo que obliga a cubrir la brecha mediante endeudamiento, incrementando el costo financiero por intereses y reduciendo el margen para inversión pública.

“Para garantizar la sostenibilidad fiscal, es indispensable combinar disciplina en el gasto con una mayor eficiencia en la generación de ingresos, lo que inevitablemente se traduce en un incremento de la recaudación tributaria. En este contexto, se anticipa una posible reforma fiscal o al menos, la implementación de medidas administrativas por parte de la Administración Tributaria para incrementar las recaudaciones del Estado dominicano”, advierte.

Aunque todavía no existe una propuesta formal, indica la experta, todo indica que este será el tema más relevante para el sector empresarial en 2026. Pérez menciona que de aplicarse estas iniciativas, podrían generar cambios significativos en las cargas impositivas actuales y obligaría a las empresas a replantear sus estrategias financieras y fiscales.

Por su lado, Ginny Castillo, gerente senior de EY Law Guatemala, destaca cinco desafíos que exigen solución en corto plazo: infraestructura vial, seguridad, planificación urbana, concentración económica y migración. Castillo explica cada una de ellas:

  • Infraestructura vial. La crisis en la red de transportes impacta directamente en la celeridad o estancamiento de la economía y calidad de vida. La modernización de las rutas es indispensable para atraer inversión e impulsar el desarrollo y crecimiento local, así como la desconcentración de la economía nacional.
  • Seguridad y sistema de justicia. Bajar los índices de violencia, incluyendo desde homicidios y secuestros express hasta fraudes económicos, seguido del abordaje a la investigación oportuna por parte de las autoridades, la descongestión judicial y la certeza de contar con un debido proceso y acceso a la pronta justicia.
  • Planificación ordenada y estratégica. El crecimiento inmobiliario desorganizado satura la movilidad y los servicios básicos como la luz, agua, seguridad, acceso y movilidad. Se requiere un diálogo continuo entre organismos, municipalidades y ministerios para crear un plan de desarrollo nacional que coordine a las municipalidades y al Gobierno central.
  • Concentración económica y poblacional. La economía formal sigue concentrada en algunas zonas y departamentos del país muy específicos. El Estado debe promover iniciativas fiscales, laborales y empleabilidad que motiven la expansión empresarial en el resto del país.
  • Impacto de la migración en la economía. El Estado debe abordar la problemática de recibir a los migrantes. No solo tendrán que fomentar su empleabilidad, sino también manejar el impacto que provocará la reducción del poder adquisitivo de las familias que dependían de familias migrantes. De lo contrario, los índices de pobreza, informalidad, déficit fiscal y desempleo seguirán al alza.

“Sin infraestructura no hay progreso, desarrollo, ni inversión, y hoy Guatemala mantiene una crisis viva de infraestructura en todas sus expresiones. Las horas que un ciudadano, trabajadores, transporte público, y productos que permanecen estancados en una ruta que se dirige del punto A al B son sinónimo de la celeridad o estancamiento de su economía y calidad de vida. El mejoramiento a la infraestructura no solo traerá inversión, si no que fortalecerá el turismo”, comenta.

Por su parte, Mauricio Orellana, Tax Associate Partner, EY Law El Salvador, indica que este año las empresas en El Salvador enfrentarán la necesidad de diversificar el crecimiento, hoy concentrado en construcción y turismo. Según el experto, estas empresas requieren de estrategias innovadoras para expandir sus operaciones y contribuir a un crecimiento más equilibrado en la economía.

“Además la posibilidad de una reforma de pensiones en el primer semestre del año representa un punto significativo a considerar. Existen recomendaciones de Organismos Internacionales para realizar un ajuste al actual sistema de pensiones. Si al final se concreta un cambio, las empresas tendrán que revisar con detenimiento el contenido y alcance de las propuestas que se presenten, con el fin de estimar los potenciales efectos en el mercado laboral y en la economía del país”, añade.

Chile y Panamá: cobre, sustancia económica y regulación

En el mercado de Chile, la perspectiva para 2026 se enfoca en el aprovechamiento de un ciclo económico favorable. Roberto Guerrero, socio de M&A de Cuatrecasas Chile, identifica como desafío central el ajuste de las expectativas corporativas a la realidad del crecimiento y la implementación de normas para destrabar los nudos regulatorios.

“El principal desafío en Chile durante 2026 será el de ajustarse a las expectativas de crecimiento económico, de la mano con la implementación progresiva de las normas que buscan destrabar los nudos regulatorios. Se trata de atreverse a tomar la delantera en un contexto de mejores proyecciones, aumento del precio del cobre, uno de los mayores impulsores de nuestra economía y la necesidad de realizar proyectos de infraestructura crítica para la próxima década”, comenta.

Panamá transita por un sendero de ajustes normativos para alinearse con los requerimientos de organismos internacionales. Alexis V. Herrera Jr., socio de Icaza, González-Ruiz & Alemán, subraya la relevancia del anteproyecto de ley de sustancia económica. Esta disposición busca que las empresas acrediten una presencia física real y actividades que generen ingresos.

“El eje estratégico del año es el anteproyecto de ley de sustancia económica, concebido para atender obligaciones internacionales: demostrar presencia real y actividades generadoras de ingreso (CIGA), a fin de corregir percepciones sobre regímenes de exención de renta de fuente extranjera (FSIE) y facilitar la salida de la lista fiscal de la UE. Sin embargo, el borrador requiere mejoras para resguardar el principio de territorialidad y armonizar con regímenes especiales existentes, entre otros, evitando riesgos a la estabilidad jurídica y a la competitividad”, aclara.

Por otro lado, la situación del proyecto minero Cobre Panamá representa una de las variables de mayor incidencia en el producto interno bruto (PIB) del país. Herrera sostiene que la incertidumbre actual en torno a una eventual ‘reactivación’ parcial de Cobre Panamá no ayuda, considerando que el proyecto llegó a representar alrededor del 5% del PIB, por lo que su resolución será relevante para el panorama de 2026.

“En síntesis, cumplir bien y regular mejor será la diferencia entre resiliencia y rezago en 2026”, concluye.

El radar de riesgos 2026 confirma que la resiliencia corporativa en el continente ha dejado de ser una cuestión de salud financiera para convertirse en un ejercicio de blindaje contractual y cumplimiento preventivo.

FUENTE: https://lexlatin.com/reportajes/riesgos-inversion-america-latina-reformas-legales